No es posible trasladar en este artículo el documento al completo que recoge 245 medidas en los diversos ámbitos de gobierno, señalaremos aquellas más significativas.

 

En primer lugar, considerar la discapacidad como vector transversal de atención preferente en todas las líneas de acción política del Gobierno y de las demás Instituciones en la Comunidad de Madrid y en los distintos Ayuntamientos; que deberán desarrollar todas las acciones y adaptar la normativa con arreglo a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada, con una declaración institucional, por unanimidad de los grupos parlamentarios en el seno de la Asamblea de Madrid. 

 

Por otra parte, demandamos la creación de Consejos Asesores de Personas con Discapacidad en el seno de las Administraciones locales que aún no disponen de ellos, encargados de analizar la situación de las personas con discapacidad, y donde se puedan formular propuestas y recomendaciones de mejora de su calidad de vida con carácter vinculante a las políticas sociales que directamente les afectan, así como de hacer el seguimiento de las políticas públicas de discapacidad.

 

Otra de las propuestas genéricas es la creación de un Consejo de Coordinación Transversal entre Comunidad de Madrid y los Municipios de la Comunidad de Madrid, en colaboración con CERMI Comunidad de Madrid, con rango de Ley que permita que en las políticas referidas a la discapacidad exista coordinación y equilibrio territorial.

 

Para CERMI Comunidad de Madrid, una de las normas a aprobar ineludiblemente, en esta Legislatura, deberá ser una Ley autonómica de derechos, no discriminación e inclusión social de las Personas con Discapacidad, como norma general de referencia de la discapacidad del territorio. Esta futura Ley deberá estar en consonancia y ser complementaria y ampliadora de los derechos establecidos en las Leyes marco de ámbito estatal, como la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, estableciendo, en su cuerpo normativo, un régimen de infracciones y sanciones en la Comunidad de Madrid, complementario del estatal. Nuestra plataforma tiene el compromiso de ser propositiva en este trabajo y elaborará un borrador que presentará a las formaciones políticas con representación en la Asamblea.

 

La  incorporación de la dimensión europea e internacional, especialmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, deben aterrizar en las políticas regionales y locales en materia de discapacidad, es otro de los aspectos a resaltar

 

CERMI Comunidad de Madrid propiciará el desarrollo más completo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y en la acomodación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en la Comunidad de Madrid a las nuevas realidades y necesidades incidiendo en la autonomía personal.

 

Defenderemos la creación de la figura del Defensor o Defensora de las Personas con Discapacidad en la Comunidad de Madrid y en los Ayuntamientos, con carácter vinculante y ejecutivo, como herramienta de control y seguimiento de las políticas de discapacidad.

 

La visión de género debe atravesar todas las políticas, conocer en profundidad la situación de las mujeres y niñas con discapacidad y debe ser una de nuestras prioridades para poder articular las políticas que incidan en la mayor desigualdad que sufren.

 

Las personas con discapacidad en el ámbito rural, su situación y acceso a servicios será otra de nuestras prioridades. No disponemos de datos claros y suficientes de su situación.

 

Por último, propiciaremos la elaboración de una Ley de concierto social que enmarque la financiación del tejido asociativo  de la discapacidad prestadora de servicios para su mantenimiento con seguridad y estabilidad.

 

Estas son algunas de las propuestas principales que CERMI Comunidad de Madrid defenderá en los próximos cuatro años ante los grupos políticos que conformen la Asamblea de Madrid y los Ayuntamientos. La existencia, por primera vez, de una comisión permanente de carácter legislativo en la Asamblea es una oportunidad nueva a explorar, que el movimiento asociativo deberá optimizar en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y su familias.